Tomás Gómez ha vuelto a incurrir en una nueva contradicción a la hora de defender su gestión del faraónico proyecto del tranvía de Parla. El martes echó la culpa de su sobrecoste –36 millones de euros– al Consorcio Regional de Transportes y a María Dolores de Cospedal. Un argumento, cuando menos curioso, ya que esta última –consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2004 y junio de 2006– abandonó su puesto medio año antes de que él encargara en una junta de Gobierno, a la que no asistió, las citadas obras extra.
Pero su «nueva mentira», como la definen desde el PP de Parla, no acaba ahí. ABC ha podido acceder a un documento, firmado de su puño y letra, en el que Tomás Gómez dejó claro que los costes de las obras del tranvía eran competencia única y exclusiva del Ayuntamiento, «en ningún caso» del Consorcio de Transportes. Un organismo al que responsabiliza ahora de dicho sobrecoste, que no sólo no autorizó, sino que, tal y como informó ayer ABC, le ocultó.
Se trata de una carta de aclaración que, según informaron ayer fuentes municipales a este diario, exigió el Consorcio de Transportes –que sí adjudicó las obras iniciales del tranvía– al entonces alcalde, para dejar claro que el coste de la obra era competencia única del Ayuntamiento.
«Queda claro que las obligaciones económicas en materia de inversión de infraestructuras, adquisición de material móvil [...] en ningún caso son competencia del Consorcio Regional de Transportes», firmó Gómez el 31 de enero de 2005. Una fecha que coincide con el inicio de la tramitación del proyecto, que finalmente se adjudicó en mayo de ese año. En la misma carta, se refleja que la «única obligación» del Consorcio era «financiar al 50% el déficit que se produce entre los gastos de explotación y los ingresos por tarifas».
Es decir, «la mitad de la diferencia entre lo que paga el consumidor por el billete y lo que cuesta realmente el servicio», explican fuentes autonómicas. Un hecho, que además de estar firmado por el propio Tomás Gómez, sirvió como argumento para que la Justicia desestimara la petición de Parla de que la Comunidad se hiciera cargo de la deuda contraída con la empresa encargada del mantenimiento del tranvía que, en noviembre y diciembre de 2011, dejó de prestar servicio. Algo que dejó a miles de parleños sin este medio y que el entonces alcalde José María Fraile «teatralizó» con su polémico encierro en Sol para reclamar que lo pagara el Gobierno.
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