miércoles, 24 de abril de 2013

Muchos policías no llevarán el 25-A el número de identificación porque no les ha dado tiempo

Antidisturbios en Barajas

No todos los 1.400 antidisturbios que este jueves trabajarán en Madrid en el dispositivo de seguridad de la concentración del 25-A (Asedia el Congreso) llevarán el número de identificación aprobado por la Policía Nacional el 16 de abril. Así lo han asegurado a20Minutos varias fuentes policiales, que han explicado que la falta de previsión y la urgencia de la medida provocarán que muchos agentes no vayan identificados. "Hoy miércoles se sigue trabajando en ello, pero no todos llegarán mañana a tiempo con su número en el chaleco".

La polémica generada tras algunas actuaciones policiales en las últimas grandes concentraciones ciudadanas, como la de laplataforma del 25-S, o la de la huelga general el 14 de noviembre, abrió el debate de si los policías iban correctamente identificados o no en esas protestas. Por ello, la Dirección General de la Policía aprobó una orden el 16 de abril que regulaba la necesidad de que los antidisturbios llevasen su número de identificación en un lugar visible también en las prendas accesorias del uniforme, como es el chaleco antitrauma.

Este número, de seis dígitos, irá escrito en un soporte de 27 centrímetros de largo y 6,5 centímetros de ancho en tipo de letra Terminator (el que habitualmente utiliza la Policía). El número irá en un soporte que se pondrá en el velcro que va cosido a la funda del chaleco. Será de material reflectante. Los 1.400 antidisturbios (28 grupos de 50 miembros cada uno) que trabajarán este jueves en Madrid suponen la mitad de los que hay operativos en España. La Jefatura de Madrid aportará 17 grupos. El resto, 11, proceden de Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Coruña y Málaga.
Un portavoz oficial de la Policía ha confirmado que no todos los agentes llevarán el número en el chaleco. "Se está haciendo de forma progresiva. Tampoco estaba previsto que para el 25-Alo llevarán todos los antidisturbios. Se hará poco a poco".

Ratificado en la comisión de personal

La norma fue ratificada el 19 de abril de la comisión de personal del Consejo de la Policía, pero aún así no ha dado tiempo a que todos los agentes lleven su número en el chaleco."Seguramente el 40% vaya sin identificar", explican las mismas fuentes. El sindicato policial SUP no está de acuerdo con esta medida, y la denunciará ante la Comisión de Riesgos laborales. "Los policías están sin ninguna garantía jurídica de defensa y protección de sus derechos ante las denuncias que puedan tener, sean ciertas o falsas".

Otro sindicato, la Unión Federal de Policía, ha explicado que esta orden no "está legalmente regulada y la van a recurrir por discriminatoria, ya que solo está vigente para los antidisturbios. Nos ponen una especie de código de barras que se puede fotografiar a 400 metros".
La legislación ya regula desde 1987 que todos los uniformes deben llevar la placa-emblema de la Policía, con el número personal de cada agente en el pecho. Y en 1988 se estableció que todos los policías tienen la obligación de identificarse cuando se relacionen con los ciudadanos. En 2008, la orden INT 2160 estableció que las nuevas prendas policiales debían incorporar el distintivo de identificación en un lugar visible justo debajo del emblema del cuerpo, pero la Policía reconoce que "en aquellas situaciones de alteración grave del orden público en las que se usan prendas especiales de protección, como los chalecos, ocultaban el número de los uniformes". De ahí deriva esta nueva orden

Indemnización millonaria para la familia de una boliviana ilegal que falleció en urgencias de Valencia

cola-inmigracion

La realidad siempre supera la ficción. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación para determinar si hubo falta de atención médica en la muerte de una mujer inmigrante de origen boliviano, que falleció el pasado 20 de febrero de 2013, después de acudir cinco veces a centros de salud y a un hospital, según ha informado Movimiento contra la Intolerancia.
De esta forma, el Ministerio Público ha admitido ladenuncia interpuesta el pasado 4 de abril por la Asociación Civil Jarit, Movimiento contra la Intolerancia, la entidad Sariri, y la Associació Valenciana d'Usuaris de la Sanitat por posible negligencia médica y para exigir el esclarecimiento del fallecimiento de Soledad, "con posibles indicios racistas", ha recordado la entidad, quien ha calificado esta actuación fiscal de "importante".
Movimiento contra la Intolerancia ha aprovechado la admisión de esta denuncia para pedir que este caso "no quede en el olvido" y para que la Conselleria de Sanitat "dé la información necesaria para el esclarecimiento de las actuaciones en los hospitales, centros de salud, y SAMU entre el 15 y 20 febrero", días en que la mujer solicitó asistencia médica. Asimismo, ha reclamado que se "aclare" la autopsia realizada a la mujer, "y con ello no dejar impune los errores y actuaciones realizadas". "Porque -ha agregado- no puede ser real en este país que haya un peregrinaje por centros sanitarios durante cinco días y al final Soledad muera en la puerta de la calle de su casa".
Las asociaciones denunciaron que Soledad falleció tras haber sufrido una "negligente asistencia sanitaria" "sin que recibiera la oportuna asistencia por los servicios de urgencia y SAMU", debido a lo que tardaron en comparecer -unas "dos horas" aproximadamente- tras los "numerosos" requerimientos por parte del marido de la víctima y de otra persona.
La mujer residía junto a su marido y a su hija en la calle Fuente San Luis de Valencia. Una semana antes del fallecimiento, presentó un cuadro de tos, motivo por el que acudió por primera vez, el día 15, al centro de salud del barrio de Ruzafa, donde, según denunciaron las entidades, no quisieron atenderla porque le manifestaron que su tarjeta sanitaria "no tenía validez". Dos días más tarde, la mujer comenzó a tener dificultad para tragarse los alimentos, por lo que acudió a los servicios de urgencias del Hospital Clínico de Valencia, y tras una "oportuna" exploración física y al descartarse patología urgente aguda, se le dio el alta para su control por el médico de cabecera. Cinco días más tarde, y tras serle denegada la asistencia domiciliaria, fallecería de madrugada.
El marido y los tres hijos de la boliviana, todos sin residencia legal en España, asesorados por las organizaciones de nuestro país, pedirán una sanción "ejemplar" a la Administración, con el agravante ideológico de "racismo" y una acusación de "negligencia médica" que podría llegar a sumar varios millones de euros. De momento, el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado.

LA BELLEZA DEL CABALLO

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