martes, 31 de julio de 2012

El PP pone en marcha la reducción de diputados en los parlamentos regionales

El PP pone en marcha la reducción de diputados en los parlamentos regionalesYa no es solo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ni la siempre polémica presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El PP en su conjunto se suma a la idea de reducir el número de parlamentarios autonómicos para ahorrar costes, aunque eso exija modificar estatutos. Lo acordaron ayer, durante un encuentro convocado por Mariano Rajoy en la sede nacional del partido para lanzar un mensaje de unidad y escenificar un claro cierre de filas con el Ejecutivo, que vive su peor momento desde que comenzó la legislatura.
La primera en lanzar la piedra, el pasado junio, fue Aguirre, pero quien de verdad ha dado muestras de quererlo poner en marcha de manera «inminente» ha sido Feijóo, que en unos meses se enfrenta a sus segundas elecciones como candidato a la presidencia de la Xunta. Él, que tampoco atraviesa un momento de enorme popularidad, lo puso ayer sobre la mesa de sus correligionarios.
Y todos respondieron con solidaridad: presentarán en las cámaras regionales las iniciativas oportunas para rebajar el número de escaños y reducir gastos.
En el caso gallego, la intención es dejar en 61 el número de parlamentarios, que hoy llega a 75, y ahorrar así un 10% del presupuesto de la cámara. El estatuto gallego lo permite porque fija una horquilla de escaños de entre 60 y 80 , no un número concreto. Solo tendrá que reformar la ley electoral. Pero no todas las comunidades tienen tan fácil acometer un cambio semejante.
Tanto el PSOE como el BNG sostienen que con este movimiento Feijóo comete un «pucherazo» porque la distribución del voto le favorece. Ahora no va por libre y tiene el espaldarazo de los suyos. Espaldarazo que él agradeció. «Se trata de hacer los parlamentos más ágiles y menos costosos y de que los impuestos de los ciudadanos se dediquen más a las políticas de crecimiento económico y políticas sociales y menos al salario de los políticos cuando no es necesario», argumentó.
Los 'barones' del PP también acordaron poner en marcha la maquinaria del partido en sus territorios para defender la acción del Gobierno de Mariano Rajoy. Si nada se tuerce, la reunión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las comunidades autónomas será hoy algo menos turbulenta que la anterior. La llamada a capítulo del presidente a sus 'barones' para que se traguen el malestar y asuman como el primero las recetas de ajuste parece haber surtido efecto. Al menos, en el corto plazo.
En solo ocho meses, la imagen del partido gubernamental ha sufrido un serio deterioro. Ganó las elecciones generales con una amplísima mayoría absoluta y ahora soporta la ira de muchos ciudadanos, en manifestaciones más o menos multitudinarias, por haber aprobado unas medidas de las que siempre renegó. La pasada semana, la secretaria general del partido se reunió con los dirigentes provinciales para exigirles que expliquen a pie de calle que no hay más camino que el escogido para hacer frente a la crisis. Y ayer, en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Rajoy hizo lo propio.
El Gobierno, bajo la lupa de los mercados, no se puede permitir un escenario como el de la última reunión, de hace dos semanas, en la que de manera sorpresiva y en un gesto sin precedentes tres consejeros del PP plantaron cara a los objetivos de déficit fijados por el Gobierno para el próximo año (un 0,7%). Ninguna llegó a votar en contra, como hicieron Asturias y Andalucía (PSOE), Cataluña (CiU) y Canarias (CC), pero Extremadura y Castilla y León se abstuvieron y Galicia acabó optando por un «'sí' crítico». El enfado de Cristóbal Montoro era notorio.
Ahora los 'barones' tienen la lección bien aprendida. «No es momento de hablar de 'qué hay de lo mío' -ilustró el extremeño José Antonio Monago ya a la entrada- sino de lo que une a todos». «Hay que arrimar el hombro», «estamos comprometidos con el objetivo del déficit», «la situación de España es muy delicada». Ese fue el discurso general

Montoro avanza que el déficit hasta junio se situará en torno al 4% del PIB

Cristóbal Montoro

  • "Los objetivos de 2012 son los ya aprobados y, por tanto, un 3,5% para el Estado, que es el que aparece reflejado en los presupuestos generales".
  • Montoro ha rechazado concretar cuántas comunidades autónomas son las que están siendo sometidas al "chequeo" gubernamental.
  • El ministro revela que 16 exaltos cargos han renunciado a su pensión indemnizatoria al tener otro tipo de retribuciones públicas o privadas.
  • El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado este lunes que el déficit de la Administración General del Estado hasta de junio se situará en torno al 4%, o un "poquito más", del PIB en términos de contabilidad nacional, por lo que confía en que se cumplirá el objetivo del déficit para 2012.

    Ha animado a los periodistas a "seguir insistiendo" para que se cumpla ese objetivo
    Así lo ha anunciado Montoro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Nacional de la Administración Local (CNAL), en donde ha explicado que en términos homogéneos el déficit se sitúa en el 2,5% del PIB, pero que en términos brutos ese déficit "está inflado por el mayor gasto como viene siendo habitual" por las transferencias a otras administraciones. Entre estas, ha citado los traspasos y transferencias a la Seguridad Social, las corporaciones territoriales "o la propia Unión Europea".
    Según ha explicado, el dato concreto se dará a conocer este martes durante una rueda de prensa, pero ha avanzado que estas transferencias han sido de 15.000 millones de euros. El titular de Hacienda ha valorado el dato homogéneo, porque hay que descontar todas las transferencias "que no se estaban haciendo el año anterior", lo que, sumado a las medidas aprobadas por el Gobierno, "garantiza la consecución del objetivo de déficit público de la Administración General del Estado" para 2012.
    Esto es "fundamental", ha continuado el ministro, para la "fiabilidad de la economía española y para acabar, cuanto antes, con esta recesión económica tan prolongada, tan grave, tan acusada y, sobre todo, tan preocupante en materia de destrucción de puestos de trabajo".
    "Estamos en la senda de consecución de ese objetivo", ha afirmado el ministro de Hacienda, quien ha emplazado a la rueda de prensa de mañana de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, para dar a conocer todos los detalles y ha insistido en poner en relieve el dato en términos homogéneos.
    Respecto al reparto del objetivo de déficit, la secretaria de Estado ha apuntado durante esta rueda de prensa que "los objetivos de 2012 son los ya aprobados en su momento y, por tanto, un 3,5% para el Estado, que es el que aparece reflejado en los presupuestos generales". "A partir de ahí, la relajación de la senda hasta el 6,3%", ha proseguido la secretaria de Estado, "implicará a España, Estado miembro en su conjunto, sin que exista una relajación de objetivo en ninguno de sus subsectores".

    No cabe relajación en las Comunidades

    Montoro ha dicho que no cabe "relajación" para ninguna comunidad autónoma, pero ha confiado en que "todavía" hay tiempo hasta finales de diciembre para que todas cumplan con suobjetivo de déficit fijado para este año en un 1,5% del PIB.

    Preguntado por las cuentas de las autonomías, Montoro ha asegurado que los "riesgos" permanecen "hasta que se cierra el ejercicio" y que la "obligación" de Hacienda es que "esos riesgos no existan", garantizando que se cumplan las medidas contempladas en los planes de estabilidad económicos y financieros de las comunidades.
    Montoro ha rechazado concretar cuántas comunidades autónomas son las que están siendo sometidas al "chequeo" gubernamental y ha dicho que si el Ministerio no ha dicho "nunca" ni el número de comunidades afectadas ni cuáles son es porque su "trabajo" es que exista una "bilateralidad" con ellas.
    "El día en que el Gobierno haga un apercibimiento público en el Consejo de Ministros, por supuesto que tendrán esa información, pero no hemos llegado a ese estado de aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no les quepa ninguna duda de que si es necesario lo haremos", ha respondido a los periodistas Montoro, quien ha deseado que "no se necesite" dar esa información.
    "Lo vamos a conseguir", ha añadido el ministro, quien, con ironía, ha animado a los periodistas a "seguir insistiendo" para que se cumpla ese objetivo.

    Los ayuntamientos se comprometen con el déficit cero

    Los ayuntamientos se han comprometido con el Gobierno central a cumplir el déficit cero en 2013, 2014 y 2015 y a fijar su techo de deuda en el 3,8% del PIB, y han acordado abrir con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una "negociación" sobre la reforma de la administración local.
    Así lo han acordado los representantes municipales y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) celebrada este lunes, según han informado en respectivas ruedas de prensa el titular de Hacienda y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna.
    Según ha explicado el ministro, durante la reunión ha animado a las corporaciones locales a "seguir con sus esfuerzos" y "eliminar las entidades públicas que no tienen ningún sentido económico", y a continuar trabajando para conseguir la "correcta financiación" de la economía española.

    Dieciséis exaltos cargos renuncian a sus indemnizaciones

    Cristóbal Montoro, ha revelado que hasta el momento 16 exaltos cargos han renunciado a su pensión indemnizatoria al tener otro tipo de retribuciones públicas o privadas. Y ha recordado que se ha enviado una carta a los aproximados cien exaltos cargos para que antes del 1 de agosto digan si quieren seguir cobrándola o renuncian a ella porque tienen otros ingresos.

    Según ha afirmado Montoro, esta decisión se ha tomado porque ahora lo determina el recién aprobado decreto "de cesantías". "Hasta la fecha nos han respondido 41, de los cuales 16 han renunciado a seguir cobrando dicha compensación", ha comentado Montoro, quien ha precisado que esta ayuda asciende al 80% del sueldo que tuvo el exalto cargo y que se extiende durante el plazo de dos años.
    El decreto establece en concreto la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que perciben determinados exaltos cargos de carácter básico, con el objeto de que se perciba esta prestación sólo en el supuesto de que no realice ninguna otra actividad remunerada pública o privada.
    La medida se aplica a los altos cargos de todas las administraciones públicas, incluyendo los que prestan sus servicios en el sector público, entendiendo también por tal la actividad dediputados y senadores, miembros de asambleas legislativas autonómicas y ayuntamientos, y órganos constitucionales, incluidos el poder judicial y el ministerio fiscal.
    Entre el centenar de exaltos cargos que deben manifestarse -de no hacerlo se entendería que prefieren renunciar a la pensión indemnizatoria- estarían el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que también es miembro del Consejo de Estado, o la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, consejera en Endesa.